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Public release date: 22-Mar-2013

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Contact: Jenna DiPaolo
jdipaolo@rightsandresources.org
Rights and Resources Initiative

Nuevo estudio: el retorno al desarrollo

La autora dice que los gobiernos compiten entre ellos para atraer inversion que amenaza a los bosques, aguas y modos de vida de las comunidades rurales en 4 paises

Este comunicado está disponible en inglés.

BOGOTÁ, COLOMBIA (21 marzo 2013)--Un nuevo estudio fue presentado hoy en una conferencia en Bogotá, revelando que los gobiernos latinoamericanos han vuelto a poner en manos de inversores extranjeros la extracción como principal fuente de financiación, sin preocuparse por el impacto que pueden tener la minería y otras actividades sobre el medio ambiente y los propietarios tradicionales de las tierras.

"Parece que estuviéramos volviendo a una mentalidad casi colonial", declara Margarita Flórez, Directora Ejecutiva de Asociación Ambiente y Sociedad, cuyo estudio analiza las recientes experiencias de los impactos sobre las tierras de pueblos indígenas y Afrodescendientes, y campesinos en Perú, Colombia, Panamá y Guatemala. "Nuestros gobiernos tienen poca visión del futuro. Menosprecian los recursos renovables como los bosques y el agua, y ponen los derechos de los inversores extranjeros por encima de aquellos que han vivido y trabajado la tierra por generaciones."

El estudio fue lanzado en una conferencia mundial organizada por el Rights and Resources Initiative en colaboración con la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) sobre los Bosques, la Gobernanza y el Cambio Climático. Reunieron expertos y líderes indígenas, Afrodescendientes y campesinos de más de 13 países en Bogotá esta semana.

El documento revela que los gobiernos latinoamericanos han vuelto a poner en manos de inversores extranjeros la extracción de recursos como principal fuente de ingresos de los Estados , sin tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto que pueden tener la minería y los hidrocarburos sobre el medio ambiente y los propietarios tradicionales de las tierras.

El estudio de Flórez confirma los informes sobre la creciente tendencia en la región a un aumento en la dependencia de la exportación de recursos no renovables como el oro, la plata, el petróleo y el gas natural. La inversión extranjera directa (IED) en Colombia, por ejemplo, se ha cuadruplicado, y la mayor parte de la financiación está dirigida a la minería y otras actividades afines. En el Perú, por ejemplo, la minería es actualmente la cuarta industria más importante en contribuir al producto interno bruto.

Flórez ha encontrado que en estos cuatro países se repiten casos dedesplazamientos forzados de poblaciones locales, la presencia de fuerzas de seguridad no estatales, la deforestación a gran escala, los daños de fuentes locales de aprovisionamiento de agua en términos de cantidad y de calidad, la pérdida del acceso a fuentes de alimentación, la adquisición ilegal de tierras, el debilitamiento del tejido social en las comunidades yla aparición de actividades económicas paralelas con implicaciones significativas de las comunidades tradicionales.

Los investigadores ofrecen también una visión de conjunto de las políticas legales y fiscales aplicadas a los inversores y al uso de las tierras, demostrando que las leyes están siendo interpretadas en beneficio de los inversores y en detrimento del medio ambiente, de los derechos y de los medios de sustento de las poblaciones locales.

Aunque todos los países del estudio posean normativas de licencias ambientales que requieren evaluaciones de impacto ambiental (EIA), Flórez indica que las normas relevantes están siendo debilitadas, que hay poca pericia técnica y pocos recursos humanos para controlar rápida y adecuadamente las industrias extractivas en expansión a nivel regional.

A largo plazo, la falta de interés por los derechos de tenencia podría afectar el bienestar financiero de los inversores así como los medios de sustento de los habitantes locales, según otro informe reciente auspiciado por la organización sin fines de lucro, LaIniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, por sus siglas en inglés).

En The Financial Risks of Insecure Land Tenure: An Investment View, se investiga sobre empresas involucradas en la adquisición de tierras a nivel mundial, mostrando "una cantidad sorprendente de daños financieros". Los inversores se enfrentaron a aumentos masivos del costo operativo - hasta 29 veces por encima de la hipótesis de referencia, en algunos casos viéndose obligados a abandonar sus operaciones por no haber reconocido ni los derechos consuetudinarios ni los derechos locales de tenencia.

"Ejemplos a través del mundo demuestran que estas nuevas presiones - de infraestructura, minería, agroindustria, palma de aceite y biocombustibles están pasando al mismo tiempo -dificultan tremendamente que las comunidades locales se defiendan," declara Andy White, Coordinador de RRI. "Pero los riesgos no afectan solamente a las comunidades y sus defensores. Después de la resistencia inevitable desde las comunidades cuyas tierras han sido vendidas sin su consentimiento, un creciente número de inversionistas han perdido millones de dólares."

En 2009, por ejemplo, el proyecto de la compañía estadounidense Muriel MiningCorporation fue suspendido según sentencia del Tribunal Superior y la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que encontró que el proyecto no respetaba los derechos de las comunidades afectadas a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.

"La solución es establecer un ordenamiento territorial con perspectiva ambiental y de derechos humanos, para que todo el mundo sepa cuales tierras pueden ser objeto de explotación y cuáles no," declara Flórez."Además, cualquier empresa que tenga interés en las tierras de tenencia tradicional debe consultar previamente a la población que posee esas tierras. Esto es un derecho que ha sido reconocido por el derecho internacional, y en algunas de las leyes de los mismos países."

Los gobiernos en Latinoamérica hoy en día deben escoger entre seguir el camino hacia un desarrollo más sostenible basado en la inclusión y el respeto de los derechos de todos sus ciudadanos, o entregar las tierras de sus poblaciones y sus bosques a inversores industriales.

"El 'boom' de las inversiones en América Latina puede ser una oportunidad para superar los modelos fracasados del pasado, en vez de ser una amenaza a los medios de vida de aquellos que se han sustentado de la tierra por generaciones," agrega White. "Solo debemos comprender cómo podemos formular y guiar estas inversiones para promover nuevos modelos de negocio y desarrollo que respeten los derechos humanos y los derechos locales a la tierra, y que también produzcan desarrollo social y económico sanos."

Agregó que los planes en que se basan las estrategias de desarrollo de los gobiernos muchas veces dan la ilusión que los países han evaluado los costos y beneficios de sus decisiones. Sin embargo, los sectores de desarrollo que están en competencia sobre el próximo contrato ni miden ni evalúan el impacto verdadero de sus proyectos en las comunidades locales.

"Sin el reconocimiento de los derechos locales, la transparencia de los negocios y decisiones, y los mecanismos para asegurar la responsabilidad de los gobiernos e inversores, habrá una regresión de los derechos al medio ambiente y al reconocimiento de la tenencia a los diferentes pueblos que habitan los bosques," declara Omaira Bolaños, Directora Regional de América Latina para RRI. "Los inversionistas extranjeros pueden tomar el debilitamiento de las regulaciones en los países como una ventaja comparativa para elegir dónde hacer sus inversiones."

"Gobiernos, ciudadanos, pueblos y empresarios deben conjuntamente afrontar los riesgos y oportunidades de avanzar hacia el desarrollo y la prosperidad económicos que todos Latinoamericanos queremos -pero sin que se sacrifiquen los derechos humanos y de tenencia de poblaciones rurales, Pueblos Indígenas, y comunidades Afrodescendientes," ella agregó.

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