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Campos húmedos del Cerrado están legalmente protegidos pero olvidados en la práctica

El incumplimiento de la ley, facilitado por errores en el lenguaje técnico utilizado en los procesos de licenciamiento ambiental, ya ha llevado a la pérdida de más de 580 mil hectáreas de vegetación nativa

Peer-Reviewed Publication

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

A pesar de su importancia para la seguridad hídrica y de estar protegidos por ley, los manantiales difusos –principales responsables de la formación de los campos húmedos del Cerrado, el bioma sabánico brasileño– siguen siendo sistemáticamente desatendidos por las políticas públicas, los consultores ambientales, los propietarios rurales y los organismos de fiscalización. La desconexión entre el lenguaje técnico y el jurídico es señalada por un grupo de investigadores brasileños como una de las causas centrales de esta invisibilidad institucional.

Los manantiales difusos son áreas donde el agua subterránea aflora de manera dispersa y continua, sin formar un punto único de exudación (“ascenso” del líquido). En lugar de emerger en un sitio bien definido, como ocurre en los manantiales puntuales, estos flujos se distribuyen sobre superficies amplias, formando áreas encharcadas con suelos permanentemente o estacionalmente húmedos, incluso sin lámina de agua visible.

Un artículo producido por el grupo fue publicado en la revista Perspectives in Ecology and Conservation. “Lo que falta para la protección de estas áreas no es legislación, sino la aplicación de la ley”, afirma Alessandra Bassani, primera autora del artículo.

“La Ley de Protección de la Vegetación Nativa [12.651/2012] prevé la protección de los ‘manantiales’, definidos como afloramientos naturales del nivel freático, aunque no formen cursos de agua y aunque no sean permanentes. Esta definición se aplica directamente a áreas húmedas no ribereñas – es decir, que no se encuentran a orillas de ríos y que están presentes en todos los biomas brasileños. El problema es que estas áreas rara vez se reconocen como ‘manantiales difusos’, porque manantiales y nacientes todavía se tratan indebidamente en la práctica como sinónimos”, explica Bassani. “Además, persiste un sesgo institucional y técnico que dirige la protección únicamente hacia las aguas superficiales visibles, como aquellas asociadas a las márgenes de ríos o a manantiales puntuales, caracterizados por un único punto de exudación del agua subterránea y por la presencia de una lámina de agua aparente”, complementa.

Como resultado, ecosistemas que deberían ser intocables vienen siendo sistemáticamente ignorados en mapas, licencias y autorizaciones de uso de la tierra – incluso para deforestación, drenaje e instalación de pivotes centrales de riego. Así, entre 1985 y 2020 se perdieron más de 580 mil hectáreas de vegetación nativa en áreas húmedas del Cerrado, 61 % de ellas convertidas para uso agropecuario. La sustitución de la vegetación nativa campestre por pastizales y cultivos interfiere directamente en la recarga de los acuíferos y en el flujo de base de los ríos.

Según Bassani, la Ley 12.651 incluye en la categoría de conservación denominada Área de Preservación Permanente (APP) todo afloramiento natural del nivel freático, incluidos los manantiales difusos, que dan origen a suelos permanentemente o estacionalmente saturados. La protección se aplica directamente a los campos húmedos, que son importantes reservorios naturales de agua y fundamentales para el mantenimiento del flujo de los ríos mediante aguas subterráneas. No obstante, estas áreas siguen desprotegidas en la práctica porque no son reconocidas como manantiales, ya que la terminología legal no ha sido correctamente aplicada en mapeos, licencias y fiscalizaciones. “Las veredas son las únicas formaciones campestres expresamente reconocidas en la práctica como APP hídrica, siendo efectivamente protegidas con base en la presencia de buritis como indicador, mientras que todas las demás áreas húmedas no ribereñas [que no están directamente asociadas a ríos o arroyos] siguen desprotegidas”, apunta Bassani.

Inicialmente limitada solo a nacientes y manantiales perennes, la protección fue extendida por el Supremo Tribunal Federal (STF) en una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI 4.903/2019) a las áreas alrededor de nacientes y a los manantiales estacionales. La legislación distingue “nacientes” (descarga puntual con flujo suficiente para formar cursos de agua) de “manantiales” (afloramientos del nivel freático sin necesidad de formar un curso hídrico). La mayoría de los campos húmedos del Cerrado se forman a partir de manantiales difusos – surgencias lentas, muchas veces invisibles a simple vista, que saturan el suelo de manera perenne o estacional. Sin embargo, la expresión “manantiales” rara vez se usa para describir este tipo de formación vegetal. Y esto ha facilitado el incumplimiento de la ley. Un ejemplo es el Registro Ambiental Rural (CAR, por sus siglas en protugués) –sistema gubernamental de monitoreo del uso del suelo–, que agrupa nacientes y manantiales en una única categoría, como si fueran lo mismo, debilitando la implementación de las protecciones legales existentes para los campos húmedos.

En el Cerrado, las áreas húmedas no ribereñas (campos limpios húmedos, campos sucios húmedos, veredas y campos de murundus) cumplen funciones hidrológicas cruciales: almacenan agua de lluvia y garantizan la liberación continua de agua a los cursos fluviales, incluso durante períodos de sequía severa. Los campos húmedos estacionales, cuya superficie se seca durante parte del año, también son importantes como zonas de recarga de acuíferos. “Estos ecosistemas desempeñan un papel central en la resiliencia hídrica de las cuencas hidrográficas, además de contribuir al almacenamiento de carbono y a la biodiversidad regional. El Cerrado es considerado la ‘caja de agua de Brasil’ por albergar nacientes y manantiales que forman las principales cuencas hidrográficas del país, incluidas las que alimentan al Pantanal y a la Amazonía”, afirma Rafael Silva Oliveira, profesor del Instituto de Biología de la Universidad Estadual de Campinas (IB-Unicamp), director de doctorado de Bassani y autor principal del artículo.

La supresión y drenaje de manantiales difusos ya producen efectos como escasez de agua, reducción del caudal en cursos fluviales y compromiso del abastecimiento para comunidades y agricultura. “La protección de los manantiales difusos es crucial para evitar el colapso hidrológico del Cerrado, del Pantanal y de varios ríos que forman la cuenca amazónica”, alerta Oliveira.

Ante el escenario actual, el artículo propone dos acciones prioritarias. La primera es la adopción consistente de la terminología “manantiales” y “manantiales difusos” en investigaciones, informes técnicos, dictámenes de licenciamiento y prácticas de manejo, a fin de garantizar la aplicación de la ley. La segunda es el desarrollo de mapas de alta resolución, basados en criterios ecohidrológicos, que permitan diferenciar áreas húmedas ribereñas de no ribereñas. Técnicas como la teledetección, el uso de piezómetros (instrumentos utilizados para medir la presión del agua) y la identificación de suelos hidromórficos ya están disponibles, pero su empleo aún no está institucionalizado.

Los investigadores también sugieren métodos de campo simples, como excavar el suelo a 30 centímetros de profundidad en el auge de la estación lluviosa. La presencia de agua indica saturación por el nivel freático. Además, ciertas especies vegetales, como Xyris, Utricularia y Drosera, son indicadores confiables de ambientes alimentados por manantiales.

Además de Bassani y Oliveira, ambos con sede en la Unicamp, el artículo contó con la participación de investigadores de la Universidad de Brasilia (UnB), de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC). Los autores sostienen que aplicar correctamente la Ley 12.651 es un paso decisivo para garantizar la seguridad hídrica y climática nacional. “La legislación protege las áreas donde aflora el nivel freático, como los manantiales difusos; por lo tanto, cualquier intervención de drenaje en estas áreas es ilegal, ya que busca precisamente eliminar el afloramiento de agua subterránea que caracteriza a estas formaciones como protegidas por ley. Brasil tiene la rara oportunidad de alinear ciencia y política pública para proteger ecosistemas esenciales para la seguridad hídrica, ya reconocidos por ley, pero olvidados en la práctica”, concluye Bassani.

El estudio recibió apoyo de la FAPESP por medio de un auxilio regular a la investigación concedido a Oliveira.

El artículo Legally protected, practically overlooked: The neglect of diffuse seeps in the conservation of Cerrado non-floodplain wetlands puede consultarse en: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2530064425000264.

 


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