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Resultados opuestos en análisis medioambientales para las administraciones de Obama y Trump

Peer-Reviewed Publication

American Association for the Advancement of Science (AAAS)

Aplicando las profundas discrepencias encontradas entre los análisis medioambientales de los gobiernos de Obama y de Trump en relación con la Ley de Agua Limpia de los Estados Unidos (CWA, por sus siglas en inglés) como ejemplo clave, los autores de este estudio de Policy Forum resaltan la necesidad de crear un protocolo sistemático para el análisis del costo-beneficio de las regulaciones propuestas por los gobiernos. Este ejemplo resulta particularmente oportuno, dado que la CWA será el foco principal de una audiencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos fijada para el 11 de octubre. En 2015, el presidente Obama amplió la CWA para proporcionar un alto nivel de protección a las hidrovías, pasando a incluir áreas previamente excluidas de la protección, como los humedales. Dicha decisión se basó en un análisis de impacto regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés) realizado por la Agencia de Protección Ambiental y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando Trump ordenó un segundo análisis RIA en 2017, este reveló resultados casi opuestos. Según Kevin Boyle y sus colegas, el análisis RIA de 2017 de los beneficios de los «humedales» incluye descripciones inadecuadas e incluso omite categorías enteras de costos y beneficios. Además, dicho análisis excluye los estudios anteriores al año 2000, pero las buenas prácticas descritas en la literatura económica actual requieren la presentación de un razonamiento válido si un estudio no cumple con los criterios actuales, lo que no aparece en el análisis RIA de 2017. Los autores sostienen que la oportuna implementación de un protocolo estándar es totalmente necesaria, ya que la agricultura, la construcción y el mantenimiento de carreteras, entre otros programas contenidos en la ley CWA, se verán afectados por la decisión de la Corte Suprema del 11 de octubre. Las mayores diferencias que se resaltan en este estudio de Policy Forum enfatizan la necesidad de que las agencias gubernamentales basen sus análisis económicos de nuevas regulaciones en datos científicos fiables, sostienen los autores, quienes mencionan que dichas medidas llevarán a que se tomen mejores decisiones en lo que respecta a la salud humana y el medioambiente.

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