De acuerdo con un nuevo estudio, mejorar la comunicación y el conocimiento de la información crítica del tribunal a través de intervenciones conductuales, o "empujones", puede ser más eficaz para mejorar la asistencia al tribunal por delitos de bajo nivel que las amenazas de castigo. El estudio implicó rediseñar el formulario de citación judicial de la ciudad de Nueva York. Los resultados sugieren que muchas faltas de comparecencia (FDC) -y los millones de órdenes de arresto potencialmente innecesarias que generan- podrían no deberse a un desacato al tribunal intencional, sino a que las políticas existentes no tienen en cuenta el error humano. Cada año, millones de ciudadanos estadounidenses no se presentan ante el tribunal por arrestos o citaciones en relación con delitos menores. Como resultado de no presentarse ante la audiencia, los acusados a menudo son retenidos por desacato y se emiten órdenes de arresto, en muchos casos aumentando drásticamente la gravedad del delito original. Si bien estas políticas de castigo están diseñadas para disuadir a las personas de faltar a una comparecencia, asumen que los acusados que faltan a la comparecencia ante el tribunal lo hacen intencionadamente. Pero ¿qué sucede con quienes que no se presentan debido a un simple error humano, aquellos que olvidan o malinterpretan la información que se les da sobre su comparecencia? En estos casos, las políticas centradas únicamente en el castigo pueden no ser adecuadas para reducir las FDC. De acuerdo con Alissa Fishbane y sus colegas, puede ser más rentable -y humano- mejorar la forma en que se comunica la información judicial. Fishbane et al. exploran esta idea en un par de estudios a gran escala en la ciudad de Nueva York. En el primer estudio se simplificaron los formularios de citación judicial para comunicar mejor la hora, la fecha y el lugar de las comparecencias ante el tribunal, así como las consecuencias de no comparecer. En el segundo, se ofreció a los acusados que proporcionaron un número de teléfono una serie de mensajes de texto durante la semana previa a su cita en el tribunal, recordándoles detalles clave sobre su comparecencia, como la hora y el lugar.
. Los hallazgos muestran que las intervenciones redujeron las FDC respectivamente en un 13 % (para los formularios rediseñados) y en un 25 % (para los mensajes de texto), y dieron un resultado de 30 000 órdenes de arresto menos en un período de tres años. Además, en experimentos en laboratorio, Fishbane et al. descubrieron que los legos en justicia penal, los no profesionales en este ámbito, a menudo consideran las FDC como intencionales en lugar de accidentales. Estas creencias podrían perpetuar el respaldo político a las políticas punitivas en lugar de los esfuerzos por destacar mejor la información importante en relación con los tribunales.
En un artículo de Perspective relacionado, Issa Kohler-Hausmann proporciona una evaluación detallada del estudio. "Si bien sería positivo que muchas jurisdicciones adoptaran las prácticas descritas por Fishbane et al., se requerirán intervenciones mucho más radicales para cambiar el enfoque de la política penal y de bienestar en nuestro país que los estímulos conductuales neutrales en cuanto a costes en los que todos puedan estar de acuerdo", escribe Kohler-Hausmann. En su artículo, Kohler-Hausmann sostiene que las hipótesis enfrentadas de Fishbane et al. -que la alta tasa de FDC se explica por desacato a la corte o por falta de conocimiento sobre las obligaciones legales del propio individuo- no son mutuamente excluyentes. Sin embargo, estas hipótesis opuestas reflejan suposiciones culturales de que los citados -en su mayoría residentes negros e hispanos de bajos ingresos- merecen compasión o indulgencia por ser inconscientes, o bien no la merecen por ser obstinados, en lugar de la gran cantidad de otras motivaciones más matizadas que podrían hacer que una persona informada opte por no comparecer ante el tribunal. "Respetuosamente, no estoy de acuerdo con la afirmación de los autores de que las políticas penales punitivas de nuestra nación 'se basan en la suposición de que las personas sopesan intencionalmente los costes y beneficios' de la conducta ilegal", escribe Kohler-Hausmann. "Yo diría que se basan en el supuesto de que las personas a las que se dirigen estas políticas... no merecen ser miembros plenos e iguales en nuestra comunidad política sin una demostración positiva de mérito", escribe la autora.
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