"Las otras naciones deben hablar ahora", argumentan Aaron Boley y Michael Byers en este Foro de políticas, en respuesta a los intentos de los legisladores estadounidenses de dominar la minería espacial comercial basada en una interpretación estratégica del derecho espacial internacional. Si son aceptadas por muchas otras naciones, las políticas resultantes -desplegadas a través de los Acuerdos de Artemisa de la NASA- posicionarían a EE. UU. como el único guardián de la Luna y otros cuerpos celestes, según advierten los autores. Estas políticas centradas en Estados Unidos irían en contra del Acuerdo de la Luna de 1979 de la ONU, que protege a la Luna como "herencia común de la humanidad", así como del Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe la "apropiación nacional" de la Luna y otros cuerpos celestes. Poco después de la orden ejecutiva del presidente Trump en abril de 2020 que reclamaba el derecho a la minería espacial, la NASA presentó los Acuerdos de Artemisa, un conjunto de acuerdos necesarios para la incorporación al programa de exploración lunar Artemisa de la NASA. Según los Acuerdos, la minería espacial comercializada estaría sujeta únicamente a la reglamentación nacional y las empresas privadas podrían declarar "zonas de seguridad" donde podrían operar sin ninguna interferencia externa. El atractivo de llevar algunos de sus ciudadanos a la Luna podría empujar a las naciones a aceptar los acuerdos. Todo esto forma parte del "esfuerzo estratégico concertado de la NASA para redirigir la cooperación espacial internacional a favor de los intereses comerciales estadounidenses a corto plazo, sin tener en cuenta los riesgos involucrados", argumentan los autores. Los riesgos de la minería de asteroides descontrolada incluyen meteoritos artificiales, aumento de desechos que pueden ser una amenaza para los satélites y las operaciones espaciales y --en el peor de los casos-- la redirección de meteoritos que impactarían contra la Tierra. "En lugar de seguir adelante unilateral y bilateralmente, Estados Unidos debería apoyar las negociaciones sobre minería espacial en el marco de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos", añaden Boley y Byers. En términos más generales, los autores señalan que dejar la regulación del espacio a los gobiernos nacionales podría ser viable, pero que el entorno actual presenta el riesgo de una "carrera hacia el abismo".
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