La pandemia global de COVID-19 revela lagunas en el derecho internacional que pueden inhibir el intercambio de información científica, muestras biológicas y datos de secuencia genética (DSG) cruciales para el rápido desarrollo de diagnósticos, tratamientos antivirales y vacunas para abordar nuevas amenazas virales. Sin embargo, de acuerdo con un Foro de Políticas de Michelle Rourke y sus colegas, actualmente no existe obligación legal ni precedente alguno para que los países compartan muestras o datos sobre patógenos, a pesar de su importancia crítica para los esfuerzos mundiales de salud pública. "La falta de una obligación legal clara de compartir patógenos o los DSG asociados durante una emergencia sanitaria constituye un punto ciego en el derecho y la gobernanza internacional, obstaculizando la respuesta a la pandemia y el progreso científico", escriben los autores. Rourke et al. analizaron el flujo de información y datos sobre el emergente virus SARS-CoV-2 durante los primeros días de la pandemia de COVID-19 para identificar cuellos de botella claves en el derecho internacional que obstaculizan la cooperación científica internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) exige que todos los Estados Miembros participantes le notifiquen toda la información de salud pública relacionada con cualquier evento que pueda constituir una emergencia para salud pública internacional, pero las definiciones de lo que constituye información relevante siguen siendo vagas y de interpretación potencialmente laxa. En concreto, la política de la OMS no clasifica los DSG ni las muestras biológicas como información que deba compartirse con la OMS. Para complicar las cosas, la política internacional, como los Convenios Nacionales sobre Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya, establece acuerdos legalmente vinculantes que permiten a los países reclamar su soberanía sobre los recursos genéticos, que en sentido amplio incluyen virus humanos como el nuevo coronavirus. Estas inconsistencias legales con respecto a los derechos y obligaciones de un país en cuanto al intercambio de muestras físicas y datos genómicos dificultan, en última instancia, la preparación y respuesta ante una pandemia. Rourke et al. argumentan la necesidad de abordar estas lagunas en el derecho internacional para mejorar la colaboración científica internacional frente a crisis mundiales. "La situación derivada de la COVID-19 ha demostrado ejemplos positivos de intercambio rápido, pero también ha puesto de manifiesto la realidad de que los países pueden no renunciar fácilmente a la soberanía sobre recursos genéticos patógenos y los DSG asociados", escriben los autores.
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